Sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, RIT 236-2019, y fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, rol Penal 233-2020 (caso Greenlife)

El 29 de mayo de 2017 la policía incautó 401 plantas de cannabis en una parcela de Paine donde cultivaba la asociación Greenlife. La Fiscalía acusó a su presidente y al ingeniero agrícola a cargo por el artículo 8° de la Ley 20.000. El 15 de enero de 2020 el tribunal oral los absolvió. Dio por probado que Greenlife era una persona jurídica sin fines de lucro cuyos miembros (unos 40 en 2017, 60 al momento del juicio), con indicación médica, financiaban con cuotas un cultivo para su propio consumo terapéutico: se proveían a sí mismos y no se probó lucro. Un perito de la defensa estimó que la producción cubría cerca del 30% de la necesidad de los socios. La Fiscalía sostuvo que era una empresa que cobraba por entregar cannabis a terceros. El 24 de febrero de 2020 la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad de la Fiscalía por dos votos contra uno; la ministra disidente estuvo por condenar.